ENJUICIARÁN A JEANINE AÑEZ Y SUS MINISTROS POR GENOCIDIO Y CORRUPCIÓN
La Asamblea Legislativa Plurinacional ALP, encamina juicios de responsabilidades y procesos penales en contra de una veintena de autoridades, exautoridades, militares y policías por la aprobación del decreto 4078, que eximía de responsabilidad penal a los militares por las muertes de Sacaba y Senkata y por la compra de gases lacrimógenos.
Las autoridades en procesos son: la presidenta Jeanine Añez y los ministros de Relaciones Exteriores, Karen Longaric; de la Presidencia, Yerko Núñez; de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Fernando López; de Justicia, Álvaro Coimbra; de Energías, Rodrigo Guzmán, y de Medio Ambiente, María Elva Pinckert.
Los que podrían también ser pasibles a procesos penales son los exministros de la Presidencia Jerjes Justiniano; de Economía José Luis Parada, de Comunicación Roxana Lizárraga y de Desarrollo Rural Mauricio Ordóñez.
En cuanto a filas de las Fuerzas Armadas se cita los nombres del excomandante Williams Kaliman, del comandante en jefe Carlos Orellana y del comandante de una división militar en El Alto, Franko Suárez. En caso de la Policía se apunta contra el excomandante Vladimir Calderón, el comandante Rodolfo Montero y el excomandante departamental de Cochabamba Jaime Zurita.
El lunes el pleno de la Asamblea Legislativa aprobó el informe final de la Comisión Especial Mixta de Investigación sobre la compra de material no letal contra disturbios, que recomienda remitir una copia a la Fiscalía General del Estado para que inicie las acciones penales contra cuatro autoridades y un exministro.
La Asamblea Legislativa decidirá este jueves si aprueba el informe de la Comisión Mixta Especial que investiga las muertes de Sacaba y Senkata, que sugiere dos juicios de responsabilidades contra Añez y juicio ordinario para siete ministros, cuatro exministros, tres militares y tres policías.
Ante el caso, el presidente de la comisión Víctor Borda MAS explicó que si la Asamblea Legislativa acepta las recomendaciones por dos tercios, la instancia se constituye en parte denunciante y la Fiscalía debe iniciar las investigaciones. En caso de que el Ministerio Público considere que hay suficientes elementos para sostener la acusación se remite nuevamente un informe al Legislativo y el Tribunal Supremo de Justicia iniciaría el juicio de responsabilidades contra Añez, mientras que las demás autoridades serían juzgadas por la vía ordinaria explico.
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